La Municipalidad de San Miguel de Tucumán dio un paso más en su cruzada por la calidad del servicio de agua potable y cloacas de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT): el municipio le reclama a la firma de participación estatal una deuda de $ 8,6 millones por una serie de multas por incumplimiento a las ordenanzas.
“Resulta que para estos señores de la SAT les hicieron una ley para que les provean de fondos, pero no hacen nada para pagar las miles de multas impagas. Contando las causas de los años 2016, 2017 y 2018, suman 2.013 causas, que suman -contando las costes por mora- más de $ 8 millones. Lo que es tremendo, risible, es que de todas las multas que se les hicieron desde 2016 sólo pagaron una, por $ 2.500. Todas las demás están en sede judicial”, cuestionó el secretario de Relaciones Institucionales municipal, José Luis Avignone. El funcionario del intendente de la capital, Germán Alfaro (Cambiemos), insistió en que la falta de pago llevó a que el municipio trabara un embargo de $ 4 millones a la SAT.
Fernando Baratelli, titular de la SAT (una Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria), desestimó el reclamo: “desde Legales me confirmaron que el embargo es improcedente porque comenzamos a pagar las deudas que nos reclama el municipio. Me informaron que sí llegó esa notificación pero que es improcedente, quedó sin efecto porque comenzamos a pagar las deudas. No están por embargarnos. Las deudas se están pagando vía Gobierno (provincial), así que no es un tema que tengamos como activado. Por eso quedó sin efecto el embargo”, respondió Baratelli.
Recorrido judicial
Avignone explicó que, según los informes solicitados al Tribunal de Faltas Municipal, entre 2016 y este año suman 2.013 causas giradas del órgano municipal a la Justicia provincial. Esa cifra está compuesta por 470 causas por mora (suman $ 4,7 millones de deuda); 269 causas con pase a cuenta judicial (alcanzan los $ 2,7 millones); 45 causas con visado (por $ 375.000); 30 notificaciones de multa (por $ 223.420); 1.163 causas enviadas al juzgado en tramitación; 34 causas con visado (por $ 586.000) y una sola multa pagada, por $ 2.500. Entre los motivos de las multas judicializadas, están la falta de compactación, de nivelación y de señalización cuando la SAT encara una obra de reparación, la falta de rellenado del zanjón, y las aperturas de calzada sin el pago del canon, las pérdidas cloacales, tapas de registro fuera de nivel, trabajos inconclusos y pérdidas de líquidos cloacales y de agua potable.
“A estos datos los pudimos recabar cuando solicité, en una reunión con el presidente de la Corte, Daniel Posse, para que me informe el listado de los juicios iniciados por el Municipio a la SAT en todos sus juzgados. El presidente solicitó por escrito, u como algunos juzgados no respondían los conminó a brindar la información. Ahí pudimos conocer que en todos los juicios la SAT presentaba recursos de queja por denegación de justicia, que fueron rechazados. Así llegamos a tener estos datos”, explicó el funcionario municipal. Y agregó: “todas las obras de pavimentación quedan truncas si al poco tiempo, y sin informar, la SAT rompe para realizar una reparación, la deja abandonada a la obra y quedan los pozos sin tapar o mal tapados”, renegó Avignone.
La deuda por $ 8,6 millones que la Capital reclama a la SAT no es la primera acción judicial de la gestión de Alfaro. En paralelo, en abril del año pasado la Municipalidad presentó una denuncia contra la SAT por $ 200 millones, en base a un cálculo de los peritos municipales que significaba el daño patrimonial para la capital. “Por las obras inconclusas de la SAT el pavimento está reventando por todas partes, no solamente en la periferia de la ciudad, sino también dentro de las cuatro avenidas principales”, había expresado el intendente. Había sostenido que el accionar de la SAT ocasionaba roturas de pavimento y afloración de líquidos cloacales, “lo que genera focos infecciosos y problemas ambientales que pueden ocasionar enfermedades en la población”.